La opinión pública no suele ser consciente del modelo de seguridad pública existente en nuestro país. Se conoce la existencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y su relación con dicha seguridad púbica porque se las ve actuar a diario. Por el contrario, el conocimiento sobre las actividades que desarrolla la Seguridad Privada dentro del mismo marco público es tremendamente deficitario, cuando no ignorado por completo.
Muchos son los ejemplos que se podrían exponer sobre la complementariedad entre las misiones asignadas a las FCSE, y las asignadas al personal operativo de la Seguridad Privada, como ya he hecho avanzado en otros artículos. Sin duda alguna, uno de los más complejos, por su dificultad, importancia y peligrosidad se da en los servicios designados en los pasos fronterizos de nuestro país.
La responsabilidad en materia de seguridad en las zonas y accesos fronterizos está asignada a las FCSE. La misma se lleva a cabo, principalmente, por la Brigada de Extranjería del CNP y la Unidad Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil dependientes de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Pero en ciertos centros de interés, los Vigilantes de Seguridad realizan servicios auxiliares de las FCSE, como ocurre en los aeropuertos, aunque estos no sean exclusivos.
La actual Ley 5/2014 de Seguridad Privada, en su artículo 41.3 y 41.3d, sobre los Servicios de vigilancia y protección, establece que “Cuando así se decida por el órgano competente, y cumpliendo estrictamente las órdenes e instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, podrán prestarse los siguientes servicios de vigilancia y protección […], encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial”.
Si bien es cierto que los pasos fronterizos integrados en el convenio Schengen de libre movilidad por el territorio de la Unión Europea, al menos durante el día, suelen ser tranquilos, en las fronteras periféricas ocurre todo lo contrario. Las noches, se caracterizan por los intentos de los inmigrantes ilegales por alcanzar territorio europeo, a través de los pasos fronterizos con Francia, aunque estén muchos de ellos cerrados.
En estos lugares, el problema suele radicar en la práctica ausencia, o simbólica presencia de las FCSE. El “salto de la valla”, en caso de existir, se convierte en el deporte más practicado aprovechando que, como mucho, habrá vigilando las instalaciones algún Vigilante de Seguridad, sólo y desarmado. Así no es de extrañar que las redes sociales y Youtube están repletos de imágenes y vídeos de queja, en los que, V.S., suelen encontrarse solos ante el paso de auténticas avalanchas de inmigrantes, sin posibilidad de actuar para impedirles el paso.
En el extremo opuesto, la frontera sur (Ceuta, Melilla, y, últimamente, Canarias) representa la puerta más utilizada por las mafias de inmigración. Pero también, los pasos de porteadores relacionados con el comercio de ciudadanos de Marruecos que realizan sus compras diarias en territorio español. Por esta razón, los miembros de las FCSE y de la Seguridad Privada deben enfrentarse a diario a auténticas aglomeraciones de personal en tránsito entre los dos países colindantes.
El mejor ejemplo de aglomeraciones de personas, con una altísima dificultad para mantener la distancia de seguridad por el coronavirus, se viene dando desde hace muchos años en el paso fronterizo del Tarajal II, en Ceuta. En este lugar, desde 2017, los V.S. deben organizar el tránsito y control de paso de miles de porteadores entre Marruecos y España, con una media cercana a las 5.000 personas por día. Sin olvidar los momentos puntuales en los que se han llegado a alcanzar las 8.500 en una sola jornada.
Situaciones similares podrían empezar a darse, como antaño ocurría, en la Verja de Gibraltar a pesar del acuerdo hispano-británico de libre movimiento de personal entre Algeciras y el Peñón, por la salida de la Gran Bretaña de la UE.
El resto de potenciales peligros a los que se ven sometidos el personal operativo del CNP, Guardia Civil, y Vigilantes de Seguridad, en los pasos fronterizos, pasa por el tráfico de drogas, dinero, tabaco, alcohol, móviles de alta gama y tarjetas telefónicas, material electrónico de toda clase, o incluso sustancias radiactivas.
A lo anterior se le ha unido en los últimos años la utilización de coches “patera” o coches “kamikazes”. Los primeros para el traslado de personas que desean comercializar en territorio español o inmigrantes que esperan la oportunidad de entrar en territorio europeo. Los segundos, directamente buscan el momento para sobrepasar los controles fronterizos con el objetivo de introducir el mayor número posible de inmigrantes ilegales en España, utilizando la fuerza contra el vallado o personal operativo de servicio.
Sobre esta última cuestión, uno de los casos más llamativos utilizando vehículo kamikaze fue el ocurrido en noviembre del año 2019, en Ceuta. En esa ocasión, una furgoneta en la que viajaban hacinados 56 subsaharianos (34 hombres, 18 mujeres y dos niños), arremetió contra las vallas del paso fronterizo con Marruecos. Pero no es el único paso en el que se producen este tipo de incidentes peligrosos.
En marzo de 2020, un vehículo con dos personas de origen alemán, se saltaron control fronterizo de Canfranc (Huesca), atropellando a tres agentes de la Benemérita, y dándose a la fuga. Con posterioridad fue detenido, por la Guardia Civil, en la localidad de Nueno (La Hoya –Huesca) tras una persecución de setenta kilómetros.
Las quejas sobre las deficiencias de trabajo en los pasos fronterizos no sólo vienen de la Seguridad Privada. En este sentido, tanto el CNP como la Guardia Civil han manifestado de forma reiterada «las precarias condiciones» en las que se desarrollan los servicios a diario. Así, en enero de 2020, la asociación de policía “Justicia Policial” (JUPOL), emitió un comunicado en el que matizaba la necesidad de un aumento de los efectivos para la frontera de ceutí de, al menos 100 operativos más, junto a la mejora en infraestructuras y la consabida adopción de protocolos de actuación.
La exposición de ejemplos sobre las deficiencias ocuparía muchas páginas más. A la falta de personal necesario, se une la escasez de medios técnicos, procedimientos en ocasiones muy confusos, instalaciones obsoletas para el volumen de trabajo existente. Y todo ello bajo la fuerte presión laboral que supone el volumen de personas a controlar en medio de un nivel 4 de alerta terrorista, como en el que nos encontramos desde hace varios años.
Teniendo en cuenta el tipo de servicios relacionados anteriormente, sobre todo, las incidencias y riesgos que asumen los agentes de los dispositivos de seguridad, tanto de las FCSE como de la Seguridad Privada, resulta denigrante que, los primeros continúen sin ser vacunados contra el COVID-19, or ejemplo en Cataluña, por razones políticas del gobierno autonómico.
Resulta mucho más denigrante si cabe que, a las carencias habituales que tiene el colectivo de la Seguridad Privada para desarrollar sus servicios, haya que añadir la incongruencia que mantiene el propio gobierno de la nación. El mismo ejecutivo de Pedro Sánchez, que autoriza y financia la realización de dichos servicios conjuntos entre las FCSE y la Seguridad Privada, en estos lugares tan conflictivos, además de las deficiencias expresadas, ignora el peligro de contagio por coronavirus al que se enfrenta el personal de seguridad privada, y prohíba la vacunación sistemática de los Vigilantes de Seguridad, incluidos quienes asumen los mismos riesgos que las FCSE, antes descritos.
Saludos y Gracias por Estar Ahí.
Rafa Montilla.