La Seguridad Privada en España tiene dos visiones bien diferentes. La profesional y la empresarial suelen tener mucho renombre, sobre todo a nivel internacional. El personal operativo, representado por los vigilantes de seguridad, salvo honrosas excepciones, suele tener gozar de una pobre o negativa opinión sobre todo entre la población en general y demasiados medios de comunicación.
Razones estas por las que es frecuente encontrar profesionales y empresas que buscan desesperadamente vías de mejora, aunque por las razones que les motiva sean diferentes. Las empresas del sector buscan mejorar su ratio comercial mejorando una calidad que no siempre contempla al personal operativo contratado para llevarlo a cabo. Por otro lado, cada vez más profesionales procuran, de modo individual, obtener y alcanzar esa excelencia necesaria para que el gran público y los organismos oficiales modifiquen la negativa opinión que, aún hoy, suele ser la tónica general.
El “Modelo Europeo Único de Seguridad Privada”, impulsado por las asociaciones profesionales UNI-Europa y CoESS continúa sin pasar de la llana ilusión de unos proyectos inconexos con poca capacidad de cambio a nivel global. Aunque se trata de una idea innovadora sin parangón a nivel mundial, el proyecto en sí mismo no logra salvar las trabas y adversidades políticas de una Europa cada vez más dividida y desconfiada entre sus países miembros.
En el siglo XXI, los servicios de seguridad privada están acaparando una atención sin precedentes en todo el mundo. La demanda de servicios de seguridad privada, no sólo es mayor que en épocas pasadas, sino que dicha demanda está supeditada a una excelencia global en los servicios. Pero estos cambios no pueden llevarse completamente a cabo sin el concurso de los gobiernos y la clase política, que en más de una ocasión no caminan a la par que los intereses del sector de la seguridad privada.
En este sentido el lema «Individualmente somos una gota y juntos un océano» utilizado en la IV edición del foro para la comunicación y el conocimiento en torno a la investigación y la seguridad privada (Detcamp) celebrado el pasado mes de abril de forma virtual desde la localidad de Alcobendas (Madrid), es una llamada desesperada de búsqueda de soluciones.
En mayo de 2017, el diario británico The Guardian hizo público un estudio sobre la implantación de la seguridad privada respecto al número de policías existentes en sus respectivos países. De los resultados obtenidos el periódico llegó a la conclusión que «más de la mitad de la población mundial vive en países desarrollados donde existe más seguridad privada que policías públicos».
En este mismo estudio, España, aparece en el puesto 53 de los 82 países analizados y en el 22 de los 27 de la UE. Esta situación supone, según Diario16, el pasado mes de abril, que «Si contabilizamos el empleo generado por las 5 primeras empresas de un ranking de 1500, comprobaríamos que más de medio millón de personas viven de manera directa o tangencial del mundo de los servicios de las empresas de seguridad privada, en España.
Esto supondría, según el mismo diario que «La cifra de negocio generado por la seguridad privada y la ciberseguridad asciende a 6500 millones de euros», sólo en España. Pero, a tenor del apoyo e interés demostrados por los gobiernos españoles, estos datos no son relevantes para el empleo ni para la economía nacional. Razón que explicaría la desidia demostrada hacia el colectivo de la seguridad privada durante la pandemia por coronavirus.
El Libro Blanco “Anticipating, Preparing and Managing Employment Change in the Private Security Industry”, publicado por The Conferation of European Security Services (CoESS) en 2018, ya afirmaba que la industria de la seguridad privada se enfrentaría a toda una serie de alteraciones del entorno económico, social y tecnológico, incluyendo en estos la evolución demográfica, la migración, y las cambiantes amenazas de seguridad.
La obsesión de los gobiernos españoles por la permanente “modificación y/o actualización” de todo lo hecho por el gobierno anterior, no favorece en nada a la estabilidad del sector de la seguridad privada y su acercamiento a los estándares europeos o internacionales. Cuestión negativa que se une a la excesiva politización de las medidas a adoptar para alcanzar una legislación estable que sea acorde con la UE.
Para desgracia del sector y de sus profesionales, los cambios legislativos impulsados por las FCSE a raíz de las necesidades detectadas en colaboración con los profesionales y las empresas del sector son reiteradamente eliminadas, cambiadas, modificadas y retrasadas, según el interés, o el capricho de los políticos que se encuentren en el gobierno en cada momento.
El mejor ejemplo de esto último lo tenemos con el reglamento de Seguridad Privada en vigor, que data del año ¡1994!, cuando la ley actual de seguridad privada fue aprobada en el año 2015. Situación, cuando menos, absurda que intenta sobrevivir, gracias al arduo ajuste llevado a cabo, casi a diario, por el personal de la UCSP, las UTSP, y la Guardia Civil, en todo el país.
Saludos y Gracias por Estar Ahí.
Rafa Montilla.