Recientemente ha sido noticia el aumento de agresiones en los centros sanitarios del área de Pontevedra. El 60% de las personas alteradas y fuera de control en estos centros son tratadas inicialmente por el personal de ambulancias y, posteriormente, por el de seguridad. Es alarmante que estos últimos carezcan de la autoridad legal necesaria para enfrentar este problema de manera eficaz. En muchos casos se ven obligados a reducir al paciente para evitar que se consumen las agresiones. Esto plantea una situación contradictoria: los vigilantes de seguridad enfrentan los riesgos, pero quedan desprovistos de un respaldo adecuado. Es inaceptable que muchas de estas agresiones queden sin denunciar simplemente porque la primera intervención no es registrada adecuadamente. El protocolo de actuación es clave, pero no parece estar claro.

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