Concretamente, se trata de la plantilla de vigilantes de seguridad que estaba prestando sus servicios para clientes como Adif Cantabria, Uvesco BM o el Parlamento de Cantabria, empresas que, de hecho, ante la gravedad de la situación, ya han tomado medidas contra la empresa y han rescindido el contrato de trabajo como consecuencia de estos impagos.
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