La formación del personal de seguridad privada suele estar bajo la lupa de la crítica. A lo largo de los años, se ha pasado de carecer completamente de una formación específica, a la actual formación donde priman las cuestiones publicistas, económicas, sindicales y políticas. Con la implantación de los Certificados de Profesionalidad en 2014, lejos de hallar la solución, el problema se está agravando.

Una formación adecuada y reconocida “oficialmente” ha sido una de las reivindicaciones permanentes de los profesionales de la seguridad privada. Al menos, desde finales de los años setenta del siglo XX, así ha sucedido. La derogada ley 23/1992 de Seguridad Privada ya mencionaba «la deficiente formación de los vigilantes» en su exposición de motivos. Pero no entraba de lleno en el problema más allá de esa justificación de una formación coherente que favoreció la aparición de los primeros centros formativos y profesorado homologados por la Dirección General de la Policía.

Mediante la Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad (BOE 296 de 10 de diciembre), al fin fueron determinados los programas de Formación del personal de Seguridad Privada. En la misma, se estableció una diferencia sustancial entre lo que significa la Formación «Básica» y la «Formación Permanente», supervisadas por la recién creada Unidad Central de Seguridad Privada y sus delegaciones territoriales (UTSP).

Con la Ley 5/2014 de 4 de abril de Seguridad Privada, se da un importante salto hacia el reconocimiento profesional de una profesión cada vez más exigente y tecnificada. En su artículo 29.1.a, esta ley determina que los vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos, escoltas privados, guardas rurales, guardas de caza y guardapescas marítimos, obtendrán la formación para la habilitación a través de «un centro de formación de personal de seguridad privada, […] el órgano autonómico competente, o los correspondientes certificados de profesionalidad de Vigilancia y Seguridad Privada y Guardería Rural y Marítima».

El propio Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), define que «los certificados de profesionalidad son el instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones». Así, con el Real Decreto 548/2014 de 27 de junio, se establecen las titulaciones de «Vigilancia, Seguridad Privada y Protección de Personas» (SEAD0112), y de «Vigilancia, Seguridad Privada y Protección de Explosivos» (SEAD0212), dependientes del SEPE u órganos de empleo autonómicos, y dentro de la «Familia Profesional de Seguridad y Medio Ambiente».

Si bien, en la teoría, esta diversidad y mejora formativa supone un avance en cuanto al reconocimiento oficial de la profesión, en la práctica está resultando ser un problema similar, cuando no superior, al que representa la existencia de los denominados despectivamente por la sociedad como “Seguratas”. Pero más importante es que, desde la puesta en marcha del mencionado RD 548/2014, la formación para la obtención de las habilitaciones del personal de seguridad privada, no está supervisada directamente por la UCSP.

Como consecuencia, en estos años transcurridos, se viene produciendo un aumento significativo de incidentes relacionados con los servicios y el comportamiento, poco profesional, del personal de seguridad privada, por diversas razones, de las que expondré sólo las más importantes.

Se habla de un personal de nueva incorporación que, sin menospreciar a su persona, accede a múltiples habilitaciones de seguridad con mayor facilidad que por la conocida como “vía tradicional” bajo el estricto control de la UCSP. Cada vez es más frecuente que los V.S. en activo y habilitados antes de 2014, se quejen de la falta de profesionalidad de los alumnos de certificados en prácticas o ya habilitados por la vía autonómica o del certificado de profesionalidad. Problemática ésta que se centra principalmente en la actitud, o en los conocimientos técnicos y legislativos que la profesión requiere.

En cuanto a la preparación física, necesaria en más de una ocasión para el desarrollo de la profesión, en estos alumnos sencillamente es inexistente. Más de un V.S. con años de experiencia manifiesta, de modo presencial y en las redes sociales, que «el nuevo que le “tocado en suerte”, es un paquete que no hubiera pasado jamás, ni las pruebas físicas, de la UCSP». En cuanto a sus conocimientos teóricos y prácticos, «mejor no hablar».

Se trata pues, de personal que accede a la profesión más por necesidad laboral que por dedicación, vocación o interés personal. El aumento de alumnos que demuestran un manifiesto desinterés por ser un “profesional de la seguridad” al uso, parece no importar a las autoridades, excepto a las FCSE.

Con demasiada frecuencia, los alumnos a los cursos de certificación profesional, de modo sutil pero insistente, «son obligados», a participar en los cursos de certificación organizados desde los servicios autonómicos de empleo público, con el único objetivo de rebajar las abultadas listas de desempleo, sin meditar sobre las consecuencias futuras de una decisión política que puede conllevar una cierta actuación inadecuada en caso de emergencia o agresión por parte de los nuevos V.S.

Declaraciones del tipo, «me obligan a estar aquí para seguir cobrando el subsidio», son cada vez más comunes. Con estas premisas, no es difícil encontrar en los servicios “Seguratas” que están de paso por la profesión. Que no observan las mínimas medidas de seguridad, o que se extralimitan en sus funciones. Hechos que provocan un aumento del sentimiento de inseguridad en los servicios, en los compañeros, y en los clientes.

Pero, por encima de todo lo anterior, surge una duda y una certeza, al menos aparente para los profesionales de la seguridad privada. Si los certificados de profesionalidad en seguridad privada son la solución al problema del reconocimiento de este colectivo y la profesionalidad que demanda la sociedad y los órganos oficiales, ¿por qué no se ha convalidado dicha titulación a los Vigilantes habilitados antes de 2014 con experiencia suficiente? Esta homologación se lleva a cabo con todas las profesiones del Catálogo Nacional. ¿Por qué no en esta ocasión?

La certeza, pasaría por constatar que la principal consecuencia del enorme aumento de personal habilitado pero carente de motivación y formación adecuada, está provocando una disminución drástica del “Valor-Precio Profesional” de todo el colectivo. Y, sobre todo, dificulta la encomiable labor de quienes se sienten “Profesionales de la Seguridad Privada” por vocación.

Saludos y Gracias por Estar Ahí.

Rafa Montilla.