Desde que se ha comenzado a administrar la vacuna contra la COVID-19, se ha abierto en los medios de comunicación el debate acerca de la posibilidad de imponerla obligatoriamente. En el ámbito laboral, se ha discutido si la empresa puede exigirla a sus trabajadores con fundamento en su deber de prevención; es decir, si, para garantizar la salud de los compañeros o de los terceros que se relacionan con la empresa, la vacunación obligatoria podría incorporarse al plan de prevención y, en caso de negativa del trabajador a recibirla, este podría ser objeto de sanción disciplinaria o, incluso, del despido por incumplimiento de sus obligaciones en materia preventiva (art. 29 LPRL).
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