La primera norma sobre seguridad privada se aprobó en el año 1951 y durante las siguiente décadas sufrió numerosos cambios, en 1992 una norma con rango de ley para acomodarla al texto de la Constitución. Mientras tanto, la normativa dispersa durante tanto tiempo «había dejado lagunas por las que se fueron colando actividades que, pese a no estar expresamente prohibidas, tampoco tenían demasiada cobertura legal».
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