Un vigilante de seguridad no es por ley un agente de autoridad. Pero si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado precisan su ayuda, la cosa cambia. Llegado el caso, el personal de seguridad privada bajo el mando de los agentes estatales queda reconocido como agente de autoridad. Es decir, puede considerarse como tal dentro del contexto específico en que surja la necesidad de su cooperación.

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