La empresa deberá justificar si la medida de instalar cámaras de videovigilancia en las zonas de descanso de los trabajadores, con el objetivo de garantizar la seguridad de máquinas de liquidación y vending, supera el triple test constitucional o juicio de proporcionalidad, pues en caso de que no lo supere, la empleadora estaría vulnerando los derechos fundamentales a la intimidad y a la dignidad de sus empleados.
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