La Policía Nacional ha propuesto para sanción, en virtud de la ley de Seguridad Privada, a una empresa de servicios, a una constructora y a dos trabajadores de la empresa de servicios por realizar en Palma actividades relacionadas con la seguridad privada sin la autorización correspondiente.

La empresa ha sido propuesta para una sanción de entre 30.000 € a 600.000€, mientras que las constructoras pueden enfrentar sanciones de entre 20.000 € y 100.000 €. Los individuos que realizaron funciones propias de vigilantes de seguridad sin la habilitación requerida se pueden enfrentar a sanciones de entre 6.000 € y 30.000 €.

Ver noticia completa: cronicabalear.es