Un total de nueve empresas del sector optan a la gestión de los servicios de la seguridad privada en las diferentes sedes judiciales de toda Canarias. El pasado 20 de octubre se cerró el plazo abierto por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Seguridad y Justicia del Gobierno autonómico para la presentación de las ofertas por parte de las mencionadas sociedades mercantiles.
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