España tiene un problema con la terminación de los contratos. De manera efectiva, en lugar de ser canalizada legalmente por la vía del mutuo acuerdo, acaba siéndolo por la vía del despido por razones de índole tributaria o de prestación por desempleo.
Así lo constata, en un artículo publicado por Fedea, el abogado Íñigo Sagardoy de Simón, que reclama «explorar la posibilidad de reformar el régimen legal (tributario y de prestaciones) de la terminación del contrato de trabajo de mutuo acuerdo». El objetico sería «evitar formalidades o incluso fraudes innecesarios, a la par que aliviaría tramitaciones judiciales y/o procesales innecesarias», según el experto.
