Tras la marcha de los dos individuos que se habían instalado en la antigua cárcel provincial, una vigilante se encarga de evitar nuevas intrusiones. Fuentes policiales aseguran que lo que ocurrió el miércoles no fue un desalojo (para el que no existía una orden) sino que los okupas se marcharon por su propia voluntad a pesar de que se les permitió regresar al inmueble. En todo caso, la seguridad privada las 24 horas, una medida adoptada por la Subdelegación del Gobierno, no arroja más luz sobre el futuro del histórico inmueble, considerado Bien de Interés Cultural (BIC).
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