No será sencillo implementar en nuestra legislación la recomendación del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) que reclama en nuestro país indemnizaciones abiertas en vía judicial sobre el despido improcedente y, al mismo tiempo, que el juez pueda provocar la readmisión de ese trabajador. La normativa nacional sobre despido improcedente no cumple la Carta Social Europa.
Noticia completa en: economistjurist.es
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