El ejecutivo socialista renueva el contrato que antes rechazaba e ignora la propuesta de AUGC para incorporar a personal de reserva, que supondría un ahorro para las arcas públicas
Tras la autorización del Consejo de Ministros, la Secretaría de Estado de Seguridad renovó el contrato a las empresas de seguridad privada para la vigilancia exterior de los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior, renovación que se prolongará desde marzo de este año hasta marzo de 2026 por un coste superior a los 92 millones de euros, contrato en el que trabajan 966 vigilantes de seguridad.


