El Ministerio del Interior ha renovado hace unos días el contrato a las empresas de seguridad privada para la vigilancia exterior de los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior, renovación que se prolongará desde marzo de este año hasta marzo de 2028 por un coste superior a los 104 millones de euros, contrato en el que trabajan más de 900 vigilantes de seguridad.
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