El empleado entró a trabajar en la sede ourensana de Prosegur en 2017, y su primer conflicto llegó en 2022. Ese año, la compañía trasladó a un grupo de trabajadores a O Carballiño, pero este mismo juzgado echó abajó la medida e impuso una indemnización de 7.000 euros para cada uno de ellos. Ese fallo fue confirmado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en marzo de 2023.
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