La administración del Principado de Asturias, mayor contratante en nuestra comunidad, es responsable del desastre adjudicatario que estamos sufriendo en servicios de seguridad privada. Desde hace diez años, se viene repitiendo esta situación, abocando a los trabajadores a una gran incertidumbre laboral y provocándoles pérdidas económicas, no recuperables, tras varios años”, señalan los sindicatos en un comunicado.
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