FOGASA deja grietas en derechos
Una nueva sentencia del Tribunal Supremo vuelve a recordar una realidad que miles de trabajadores conocen demasiado bien: cuando una empresa incumple sus obligaciones y acaba siendo insolvente, quien termina soportando una parte importante de las consecuencias económicas no es el empresario, sino la persona trabajadora. La resolución de la Sala de lo Social, dictada en junio de 2026, establece que los acuerdos alcanzados entre empresa y trabajador para mejorar una indemnización no pueden ampliar la responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), cuya cobertura queda limitada a las indemnizaciones legalmente previstas y dentro de los límites fijados en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores.
