El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la sentencia que declaró la extinción indemnizada del contrato de una vigilante de seguridad con discapacidad, después de que la empresa no adaptara su puesto pese a los informes médicos que la declaraban apta con limitaciones. Este tipo de situaciones contrasta con iniciativas como las subvenciones de hasta 15.000 euros en Andalucía destinadas a fomentar la contratación de personas con discapacidad.
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