La trasposición al ordenamiento jurídico español de la conocida como Directiva CER ha dado un paso más. El Consejo de Ministros aprobó, el 17 de marzo, el proyecto de Ley de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas (Ley CER), cuyo objetivo es establecer una serie de medidas de salvaguarda y continuidad de las operaciones de las entidades, públicas y privadas, que prestan servicios esenciales para el funcionamiento del país.
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