Este viernes, día 10 de octubre, no es una fecha cualquiera para los miles de vigilantes de seguridad que trabajan en Galicia. Se constituye la mesa para negociar el futuro convenio colectivo estatal, un proceso que, aunque el actual acuerdo no vence hasta finales de 2026, arranca con una prisa que revela las profundas grietas de un sector esencial pero crónicamente precarizado. La central sindical gallega CIG acude a la cita con una postura firme: es el momento de “recuperar derechos y salario”.
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