El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que afecta a todos los despidos disciplinarios que las empresas firmen a partir de ahora: no será un despido válido si la empresa no ha abierto un trámite para que el trabajador pueda combatir las acusaciones que pesan sobre él. La sala de lo social cambia su propia doctrina para establecer que “el empleador debe ofrecer al trabajador la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra él”, aplicando la normativa del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo vigente en España desde 1982.

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