La principal irregularidad radica en la asignación de tareas que exceden de las competencias de los controladores de acceso de la misma empresa municipal, quienes están siendo obligados a realizar rondas de marcaje y vigilancia. Esta práctica no solo es ilegal, sino que también compromete la eficacia de los servicios de seguridad que están prestando de forma camuflada, al desviar a personal no cualificado de sus funciones principales que no son estas.