El único acusado como autor material del robo es un exagente de la Policía Nacional que trabajaba como vigilante de seguridad en la sede. La Fiscalía reclama para el acusado, ya expulsado del Cuerpo, una condena de cinco años de prisión por la comisión de un delito de robo con fuerza. El Ministerio Público también pide que indemnice a la empresa con 995.000 euros.
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