En un comunicado, han lamentado la “ilógica e incomprensible” decisión de la Dirección Xeral de Xustiza de la Xunta de disminuir la seguridad en los edificios judiciales de la provincia de Pontevedra, suprimiendo la vigilancia en las instalaciones de Lalín y Cangas y recortando un 25% la presencia de este tipo de personal en la ciudad olívica.
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