Dieciséis personas, desde el presidente de la compañía a los vigilantes de seguridad (incluso los que estaban de vacaciones o en otros grupos de la empresa el día del accidente). A ellos se les exigen responsabilidades penales por no haber previsto la posibilidad de que ocurriera un accidente que costase la vida a los mineros que trabajaban en el taller, a pesar de los distintos signos de peligrosidad que se venían evidenciando.
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