Un sindicato presenta demanda de conflicto colectivo, a fin de que se declare la nulidad del denominado por la empresa Proyecto Tracker, que supone la obligación del trabajador con categoría de repartidor de aportar a la empresa su teléfono móvil personal con conexión a internet y la aplicación informática de la empresa que permite la geolocalización del dispositivo y del trabajador durante su jornada laboral.
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