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Según el citado informe, estas situaciones provocan “un grave quebranto en el ejercicio de la función jurisdiccional”, puesto que afecta a la seguridad de “todo el personal de la Administración de Justicia”. En vista de la situación de peligrosidad recogida en el informe , el TSJCyL se ha visto obligado a dirigirse al Ministerio para alertar que esta situación “afecta a muchas de las sedes de los partidos judiciales de las áreas rurales de Castilla y León”, lo que ha provocado “alteraciones del orden público en sedes judiciales” ante la falta de “auxilio de vigilantes de seguridad en los juzgados situados en los núcleos rurales”.
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