El trabajador despedido recurrió ante el juzgado, que ahora le da la razón, anula ese documento aportado en otro juzgado como prueba para poder despedirlo y condena a la empresa a su readmisión, al abono de los salarios de tramitación desde que fue despedido en 2020 y a indemnizarle con 30.000 euros por daños morales por haber vulnerado sus derechos fundamentales.
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