El primero exige una indemnización de entre 27.965,90 y 102.964,90 euros, mientras que el otro reclama entre 47.206,15 y 122.205,15 euros. Ambos exponen que sintieron “miedo e intranquilidad” al regresar a sus puestos de trabajo tras la paliza, y que las empresas contratantes los hicieron volver a la misma línea de metro en la que fueron agredidos, sin opción a un cambio y sin haberles hecho pasar un examen psicológico siquiera. Algo que definen como un “perjuicio y sufrimiento totalmente innecesario”.
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